CDMX
19/11/2013-18/05/2019
La experiencia aporta al ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
La experiencia se alinea con el Eje 1. Justicia y Estado de Derecho y el Eje 2. Bienestar.
Apoyar al Componente de Derechos Humanos en cuanto al establecimiento de las acciones y mecanismos de coordinación y seguimiento necesarios para el acompañamiento a la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y, complementariamente, en materia de niñez migrante no acompañada; concertar con los actores clave las líneas estratégicas y el plan de trabajo para acompañar la implementación de la agenda institucional en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); y finalmente, diseñar un mecanismo concertado de articulación y coordinación del componente de derechos humanos como eje central del Laboratorio de Cohesión Social II (LCS II).
300 servidoras y servidores públicos.
Contribución a las acciones de la DGDH de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las acciones y mecanismos de coordinación y seguimiento necesarios para el acompañamiento a la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y, complementariamente, en materia de niñez migrante no acompañada; y, en materia de promoción de los DESCA a nivel nacional.
Para proponer una acción o experiencia de cooperación internacional para el desarrollo con una instancia de gobierno -sea esta federal, estatal o local, es preciso conocer la normativa que orienta sus funciones, sus obligaciones y los alcances de su acción.
La Plataforma Digital del Sistema Nacional de Evaluación implementa la metodología de indicadores establecida por los organismos internacionales de derechos humanos, para lo cual el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM coordinó y sistematizó la información proveniente de más de 80 instituciones gubernamentales mexicanas con el fin de validar 751 indicadores cualitativos y cuantitativos. Se diseñaron los Términos de Referencia tanto del diagnóstico y programa integral con estrategias específicas para la capacitación y formación de las personas vinculadas a la Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, encargadas de instrumentar la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, como de la Hoja de Ruta para impulsar el cambio cultural de la perspectiva adultocéntrica que prevalece en México, a partir del reconocimiento de Niñas, Niños y Adolescentes como personas titulares de derechos.
Se fortaleció la coordinación del Programa de la Unión Europea Migration EU Expertice (MIEUX), con las Procuradurías de protección de Niños, Niñas y Adolescentes y del Instituto Nacional de Migración. Se llevó a cabo un “Foro Nacional de discusión multi partícipe sobre Empresas y Derechos Humanos”, con la participación de representantes del sector público, empresarial, de la sociedad civil y de la academia, pertenecientes al Grupo Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Se apoyó a la Dirección General de Derechos Humanos a su ejercicio de replanificación anual para articular todas las actividades bajo el componente de Derechos Humanos, además de que se realizaron actividades de diálogo, capacitación y divulgación en Oaxaca y San Luis Potosí para la transversalización y coordinación del componente de Derechos Humanos.
La Plataforma Digital se consolidó como un recurso de transparencia y acceso a la información pública, así como una herramienta para análisis y diagnóstico de políticas públicas. Se negoció un apoyo directo por parte del Programa de la Unión Europea para la protección social, el trabajo y el empleo (SOCIOEUX), para el apoyo al abordaje del acoso escolar (bullying). En la misma línea de trabajo se desarrolló la primera sesión de la Plataforma específica de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Estado de derecho, denominada “Los derechos de niños, niñas y adolescentes, con especial atención al caso de los menores migrantes no acompañados”, y en la que participaron actores gubernamentales, academia y sociedad civil.