Oaxaca
15/09/2015-14/12/2018
La experiencia contribuye al ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, al ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y al ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
La experiencia se alinea con el Eje 1. Justicia y Estado de Derecho.
Fortalecer la cohesión social en el Estado de Oaxaca por medio de políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos de calidad, justicia y el ejercicio de los derechos humanos mediante la mejora en el desempeño de la función pública a través de procesos eficaces, herramientas y mecanismos innovadores, participativos y el diseño, ejecución y supervisión de programas públicos.
2500 personas indígenas, 185 adolescentes y 500 mujeres .
Se incorporó la perspectiva de género y se fortaleció el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra en los estatutos comunales y en los reglamentos internos de los núcleos agrarios de 15 municipios de la Región Cañada-Mazateca, Mixteca-Alta, e Istmo del estado de Oaxaca. Esta es una experiencia única de incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos legales de propiedad colectiva de la tierra de los núcleos agrarios en México que se logró por la formación y la asesoría para la participación política de las mujeres de las comunidades en los 15 municipios.
1. El logro de los resultados depende de la sensibilización y voluntad por parte de los servidores públicos. 2. La experiencia fomentó la cohesión entre las instituciones estatales de salud y académicas dentro del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente. 3. El intercambio de conocimientos para un mismo proyecto permite mejores aprendizajes.
Por primera vez en el estado de Oaxaca se atendieron las problemáticas de género, con base en diagnósticos sin precedentes, sobre los derechos sexuales, reproductivos, políticos y agrarios de las mujeres, y a través de la participación de las mismas.
El trabajo con otras instituciones y programas permitió la obtención de diagnósticos y la definición de medios y roles en el marco de la ley, fortaleciendo las capacidades de las personas participantes en estos procesos y de las mujeres y hombres a quienes se impartieron los talleres. Todo esto permitió el establecimiento de un vínculo real entre las comunidades y las instituciones gubernamentales con base en usos y costumbres, la propiedad colectiva de la tierra y los derechos de las mujeres.
La experiencia evidencia los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos a la salud, político-electorales y de propiedad y propone prácticas comunitarias que fortalecen su participación en el ejercicio de dichos derechos. Se desarrollan propuestas de formación a las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos y su incorporación en los espacios públicos.