Ciudad de México, Morelos y Oaxaca
22/12/2015-19/06/2017
La experiencia contribuye al ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
La experiencia se alinea con el Eje 1. Justicia y Estado de Derecho, y con el Eje 2. Bienestar.
Elaboración de un diagnóstico del sistema de justicia para adolescentes que funciona actualmente en sus dimensiones jurídica (a nivel nacional) y organizacional (en tres entidades federativas: Morelos, Oaxaca y Ciudad de México), incorporando, además, la identificación y el análisis de las experiencias de participación juvenil más relevantes para plantear las estrategias y mecanismos que garanticen la misma en el proceso de diseño e implementación de la política pública en la materia.
1,000 adolescentes y jóvenes y más de 200 representantes de la Sociedad Civil .
Se desarrolló el Diagnóstico del Sistema de Justicia para Adolescentes en los ámbitos jurídico y organizacional. Este diagnóstico generó información relevante para que un Foro Nacional de instituciones y organizaciones de todo el país (más de 200 participantes) diseñen una propuesta de las estrategias y mecanismos de participación juvenil en el diseño e implementación de las Políticas Públicas en la materia. En la actualidad, el diagnóstico es utilizado por todos los actores del Sistema de Justicia para Adolescentes como referencia para la implementación de nuevo marco normativo y la elaboración de distintos planes de acción.
El Diagnóstico realizado en el marco de esta asistencia técnica del LCS II es innovador e integral porque contiene información jurídica de la Federación, de las 32 entidades federativas, en especial de los Estado de Morelos y Oaxaca y de Ciudad de México y de la normativa internacional en materia de justicia para adolescentes y de participación juvenil.
El diagnóstico y el Foro “Retos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, derivó en un análisis participativo de más de 200 instituciones y organizaciones a nivel nacional para identificar las estrategias y los mecanismos más adecuados que permitan incorporar la participación del sector juvenil en el diseño de la legislación nacional única en materia del sistema de justicia para adolescentes.
La experiencia permitió a la entonces Secretaría Técnica contribuir con mayores insumos para que el Congreso de la Unión desarrolle la iniciativa del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.